El robo de gasolina en México: Una mafia que operaba desde el Gobierno y no simples ladronzuelos.
Javier Buenrostro.
México se ha hecho famoso internacionalmente en los últimos tiempos por los altos niveles de robo de gasolina a través de tomas clandestinas en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), actividad que se conoce coloquialmente como ‘huachicoleo’. Hace tres lustros, durante el sexenio de Vicente Fox, el robo de gasolinas le significaba al gobierno mexicano una pérdida de 12.000 millones de pesos, alrededor de 600 millones dólares al año. Durante el último año la sangría llegó hasta los 66.000 millones de pesos, equivalentes a 3.300 millones de dólares. El crecimiento del robo de combustibles durante la alternancia democrática es notable y exponencial y muestra el nulo interés que se tuvo por combatir esta ilegalidad.
¿Es viable un negocio de esta magnitud, de miles de millones dólares, sin que el gobierno y funcionarios de Pemex estén al tanto? Imposible. Igual que en el narcotráfico, la corrupción gubernamental es la que ha hecho posible el florecimiento de esta ilegalidad en México. Era tan conocida y permitida la ‘ordeña’ de los ductos de Pemex que en lugar de combatirse lo que se hacía era establecer las pérdidas de la compañía petrolera dentro de los presupuestos anuales del Estado mexicano.
Pero lo que no hicieron en 18 años tres presidentes de la nación, López Obrador lo ha hecho en un mes. No solo ha mencionado el problema del robo de gasolinas sino que ha reconocido que estos robos a Pemex se gestan desde adentro de la misma compañía petrolera con la venia y colusión de varios funcionarios de alto nivel directivo y sindical a los que se les tiene ya puesta la mirada. Entre los probables responsables, hay tres directivos de la compañía petrolera y ya se mencionó el nombre del general Eduardo León Trawitz, subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex en el sexenio pasado y también jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011.
Como lo ha señalado la periodista Ana Lilia Pérez, especialista en distintas problemáticas en Pemex, el problema del robo de combustible involucra a una gran «estructura de empleados sindicalizados y de confianza, contratistas, empresarios gasolineros, industriales, ordeñadores de ductos, transportistas, capitanes y tripulaciones de barcos». Es definitivamente una mafia que operaba desde el gobierno y no simples ladronzuelos al margen de la ley. Y aquí solamente estamos hablando del robo de gasolina, sería interesante saber cómo están los números y el funcionamiento del robo de petróleo crudo o gas.
Desde hace una semana que López Obrador anunció medidas frontales para el combate al robo de gasolinas ya ha habido resultados positivos, ya que, se informó, se ha logrado pasar del equivalente de 787 camiones cisternas (pipas les decimos en México) robadas diariamente a solamente 177. Una reducción notable que, en números, significa un ahorro de 130 millones de dólares en solamente unos días. De este tamaño era la magnitud del problema y la corrupción que involucra a las altas esferas de los gobiernos anteriores.
Para hacer frente a estos robos monumentales se han tenido que implementar medidas igualmente drásticas como cerrar ductos que han provocado desajustes en el suministro en varias regiones del país, lo que ha causado cierto grado de psicosis colectiva ya que se teme por un desabasto generalizado. Si usted tiene una fuga de agua en su casa, ¿qué hace para solucionarla? Primero, cierra la llave de paso para evitar que el agua se siga desperdiciando y además poder detectar las fugas. Simple. Eso ha hecho el gobierno con los ductos de gasolina para evitar más robos, sustituyendo temporalmente la logística de entrega con pipas, lo que hace que estas entregas se hagan de manera más paulatina.
¿Disminución temporal o entregas acompasadas no valen la pena para detener el robo de combustibles que finalmente se traduce en un robo a la nación? Parece que para ciertos periodistas, comentaristas y, por supuesto, para los expresidentes Fox y Calderón, el crimen es enfrentar al ‘huachicoleo’ y piden regresar a la situación anterior de crimen e impunidad, porque provoca menos inconvenientes. Prefieren el hurto y la impunidad a la incomodidad momentánea que significa construir un Estado de derecho para todos los mexicanos. Ellos nunca hicieron su trabajo, fueron indolentes al robo y a la corrupción, pero pretenden «corregir» las medidas, teniendo la gran idea de regresar al pacto de impunidad anterior para que el «consumidor» no se vea perjudicado mientras que al «ciudadano» se le daña reiteradamente.
¿Desabasto?
Sí, en algunas zonas del país, principalmente en los estados con mayor problema de robo de gasolina. Las deducciones nada temerarias, dichas incluso por el gremio de empresarios gasolineros, es que ciertas estaciones de servicio se nutrían principalmente del producto robado, especialmente en la zona del Bajío mexicano (Guanajuato, Querétaro, Jalisco) lo que ha provocado que se queden sin surtirse ya que no tenían entregas legales programadas. Así, el desabasto es en gran medida el resultado de cortar las fuentes ilegales de suministro –huachicoleo– de ciertos canales de distribución –gasolineras corruptas– en la región que es la cuna del robo de combustible y donde se encuentra la refinería más problemática que es la de Salamanca (Guanajuato). Ante estos hechos, Pemex ya le anuló contrató a 103 gasolineras por estas irregularidades, la mayoría en esta región.
Ante la problemática de un desajuste temporal en la logística de abastecimiento, es conveniente recordar que el problema del robo de gasolinas, además de generar los círculos viciosos de corrupción e impunidad con delincuentes de cuello blanco, también fomenta la violencia y la expansión del crimen organizado. En los últimos tres años los índices de violencia en Guanajuato se han incrementado de manera exponencial hasta convertirlo en el estado más violento a nivel nacional. La impunidad e ilegalidad que producen estas violencias no son exclusivas del narcotráfico, sino que se han extendido a muchas más actividades de crimen organizado, como el ‘huachicoleo’, que es su principal fuente de recursos en la región. Hay que hacer notar que el expresidente Vicente Fox fue gobernador de Guanajuato, lugar que actualmente es el bastión de la oposición conservadora y el único estado (de un total de 32) donde no ganó electoralmente López Obrador en 2018.
Combatir el robo de gasolinas como el delito grave que es, representa una urgencia nacional no solo por los 3.300 millones de dólares que un pequeño grupo amafiado le roba a la nación, sino por los índices de violencia que se han generado alrededor del fenómeno del ‘huachicoleo’, principalmente en el Bajío, y que convenientemente han ignorado expresidentes, directivos de Pemex y gobernadores. Este crimen organizado no solo ha dañado la hacienda pública sino todo el tejido social de una de las zonas anteriormente más tranquilas del país. Los que argumentan que debido a la molestia de un desabasto temporal se debería permitir el modus vivendi anterior, tolerarlo o actuar con moderación deben considerar que no se trata solo de un problema de pesos y centavos o de movilidad, debe ser una prioridad de seguridad pública.
Construir un régimen democrático y un verdadero Estado de derecho para todos los ciudadanos en lugar del pacto de corrupción e impunidad que venía funcionando en México va a requerir de firmeza por parte de las autoridades, tiempo en los procesos y paciencia por parte de la ciudadanía. Hay que tener serenidad ante los cantos de sirena que a un mes de iniciado el gobierno ya reclaman la vuelta a los viejos pactos, que no son otra cosa que seguir permitiendo la violencia, el mayor problema que nos afecta a los mexicanos. ¿Una semana de incomodidades para cargar gasolina o años de corrupción, impunidad y violencia? La respuesta debería quedarnos clara a todos y recordar que Roma no se construyó en un día.
Opinión tomada del sitio actualidad.rt.com
Naco Nius México informa.
El robo de gasolina en México 01 Video:
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